A partir del 1 de septiembre comienza a operar la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI). Se trata de un organismo que nace de la Ley 2/2023, más conocida como la Ley del “Informante”, cuyo objetivo es proteger a todas aquellas personas que decidan denunciar irregularidades o fraudes dentro de las organizaciones.
Esta autoridad tendrá carácter administrativo independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad, y será la encargada de garantizar la protección de la persona informante. Además, coordinará su actividad con otros organismos de control e inspección.
¿Qué implica para las empresas?
Desde la entrada en vigor de la ley, todas las empresas de determinadas dimensiones y sectores están obligadas a disponer de un canal ético o canal de denuncias. Este mecanismo debe permitir comunicar, con garantías de confidencialidad, cualquier práctica irregular detectada dentro de la organización.
Si este canal aún no se ha implementado, es importante hacerlo cuanto antes. Las sanciones previstas por el incumplimiento pueden alcanzar hasta 1 millón de euros, lo que supone un impacto económico y reputacional muy elevado.
Una oportunidad para reforzar la confianza
Más allá de la obligación legal, este nuevo marco normativo representa también una oportunidad para las empresas: implantar un canal de denuncias eficaz transmite un mensaje claro de compromiso con la transparencia y el buen gobierno corporativo.
En addwill ofrecemos asesoramiento jurídico y laboral a empresas y particulares ante cualquier duda en la aplicación de esta reforma.
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