El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley del Estatuto del Becario, una norma que tiene como objetivo proteger a las personas en formación práctica y poner fin a los abusos que durante años han afectado a miles de estudiantes.
El texto llega después de más de dos años de negociación entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. Pese a la oposición de la patronal y de parte del ámbito universitario, el Gobierno establece con claridad qué debe ser una práctica formativa: una experiencia para aprender, no para sustituir a trabajadores.
El Estatuto prohíbe pagar por acceder a las prácticas y obliga a las empresas a asumir los gastos derivados de la actividad, como desplazamientos, manutención o alojamiento. También garantiza el derecho al descanso, la conciliación y la protección frente al acoso, así como el acceso a los mismos servicios que el resto del personal.
“La finalidad de la formación es aprender, y los becarios forman parte del personal laboral con plena integración en su entorno de trabajo”, señala el texto normativo.
Además, la norma prevé sanciones de hasta 225.000 euros para las entidades que incumplan la ley y refuerza el papel de la Inspección de Trabajo para prevenir fraudes.
Aunque el anteproyecto inicia ahora su tramitación en el Congreso, donde se prevé un debate complejo, representa un avance significativo hacia un modelo de prácticas más digno y formativo, donde aprender no suponga renunciar a los derechos básicos.
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