La Sentencia del Tribunal Supremo 985/2025, de 15 de julio, marca un punto de inflexión en la valoración de los sistemas de cash pooling.
Aunque su impacto se reflejará en la documentación del ejercicio —incluido el modelo 232 de operaciones vinculadas—, la relevancia real de esta doctrina va mucho más allá del cumplimiento formal.
Supone un cambio de enfoque en la gestión y remuneración de la tesorería intragrupo.
Qué ha cambiado
El caso analizado por el Supremo abordaba dos cuestiones presentes en la mayoría de estructuras de cash pooling:
- Asimetría en los tipos de interés
El grupo aplicaba tipos más altos a las retiradas de fondos que a las aportaciones de liquidez. - Calificación crediticia aplicable
La filial española defendía su rating individual, mientras la Administración exigía aplicar el del grupo.
El Tribunal fijó dos criterios con efectos inmediatos:
- Simetría en los tipos de interés.
Los tipos aplicados a aportaciones y retiradas deben ser equivalentes salvo justificación excepcional. El pooler no puede apropiarse de un margen financiero propio de un banco, ya que sus funciones suelen ser administrativas y de bajo riesgo. - Rating del grupo
La valoración crediticia debe realizarse a nivel de grupo, reflejando la financiación centralizada y la distribución conjunta de riesgos.
Impacto para los grupos multinacionales
Más allá de los tecnicismos, la sentencia obliga a redefinir el papel del pooler:
¿es un mero gestor de liquidez o un verdadero centro financiero que asume riesgos?
De esta respuesta dependen tres aspectos clave:
- La remuneración adecuada.
- La posibilidad de justificar asimetrías.
- Y la documentación que deberá reflejarlo.
El foco se desplaza de los tipos de interés en sí hacia la realidad económica: qué valor y qué riesgos asume realmente la entidad centralizadora.
Qué conviene revisar antes del cierre
Con la campaña del modelo 232 en el horizonte, las empresas deberían aprovechar el cierre de 2025 para revisar sus estructuras de cash pooling en tres frentes:
- Políticas de tipos de interés
Revisar los diferenciales entre tipos deudores y acreedores y valorar si existen motivos funcionales que los justifiquen. En la mayoría de casos, la opción más prudente será aplicar tipos simétricos y retribuir al pooler con un fee por servicios administrativos. - Análisis funciona
Documentar qué funciones desempeña el pooler, qué riesgos asume y qué activos utiliza.
La evidencia operativa (decisiones, responsabilidades, exposición a pérdidas) será determinante para sostener cualquier excepción. - Coherencia documental.
El modelo 232 reflejará este análisis, pero debe entenderse como la consecuencia de una política bien diseñada, no como su punto de partida.
Cuándo puede mantenerse la asimetría
El Tribunal no prohíbe toda diferencia de tipos, pero exige una justificación sólida y documentada.
Podría ser admisible cuando el pooler:
- Gestiona activamente la liquidez del grupo.
- Asume riesgos de crédito o de tipo de cambio.
- Administra coberturas o líneas de financiación externas.
En estos casos, la remuneración adicional deberá basarse en contratos claros, benchmarking y evidencia contemporánea.
Conclusión: actuar antes de 2026
La STS 985/2025 convierte al cash pooling en un área prioritaria de revisión para los grupos multinacionales.
El modelo 232 será solo la expresión documental de una estrategia más profunda: demostrar que las condiciones financieras intragrupo reflejan la realidad económica y cumplen el principio de plena competencia.
El momento de actuar es ahora:
- Revisar las políticas de tesorería.
- Reforzar el análisis funcional.
- Y adaptar la documentación antes del cierre de 2025.
Nuestro despacho asesora a grupos multinacionales en la revisión de estructuras de cash pooling, la actualización de políticas de precios de transferencia y la preparación de documentación conforme a la nueva doctrina del Tribunal Supremo.
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