Desde su implementación en 2013, el modelo 720 ha sido objeto de controversia debido a la obligación de declarar los activos y derechos en el extranjero. La Ley 7/2012 introdujo disposiciones adicionales en la Ley General Tributaria, estableciendo un régimen sancionador estricto para quienes no cumplieran con esta obligación.
Sin embargo, recientes resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Supremo han cuestionado la legalidad de este régimen y han sentado precedentes significativos. El TJUE emitió una sentencia el 27 de enero de 2022 (asunto C‑788/19) declarando que tanto el régimen sancionador como la consideración de ganancias no justificadas del modelo 720 eran contrarios al Derecho de la Unión Europea.
Basándose en esta sentencia, el Tribunal Supremo dictaminó la nulidad de las regularizaciones basadas en ganancias no derivadas de transmisiones y las sanciones impuestas, al considerarlas contrarias al Derecho de la Unión Europea.
En este contexto, se ha dado a conocer una noticia relevante: el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha comenzado a resolver favorablemente los expedientes de nulidad de pleno derecho de las sanciones impuestas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a aquellos contribuyentes que no presentaron las declaraciones correspondientes utilizando el modelo 720.
Esta aceptación por parte de Hacienda de la nulidad de las sanciones interpuestas por la no presentación o la presentación incorrecta del modelo 720 representa un reconocimiento significativo de la ilegalidad de las sanciones impuestas, lo cual brinda a los contribuyentes afectados la oportunidad de iniciar un procedimiento de nulidad de pleno derecho de dichas sanciones, lo que es de gran importancia para aquellos afectados por las sanciones del modelo 720.
Los procedimientos de revisión y declaración de nulidad de pleno derecho en el ámbito tributario son conocidos por su alta complejidad y requieren un profundo conocimiento de la legislación tributaria y de la normativa de la Unión Europea. En este sentido, contar con asesoramiento especializado es fundamental para asegurar las posibilidades de éxito del procedimiento.
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