Las empresas, administraciones y otros organismos públicos están sujetos a la Ley de Morosidad, lo que significa que tienen la obligación de cumplir con los plazos de pago establecidos en dicha ley.

Según el artículo 4 de la Ley de Morosidad, si el contrato no establece un plazo de pago, el deudor debe pagar en un plazo de 30 días naturales después de la recepción de los bienes o servicios. Además, el plazo de pago acordado entre las partes no puede exceder de 60 días naturales.

Estas obligaciones ya existían antes de la Ley «Crea y Crece». Sin embargo, después de la aprobación de esta ley, se han introducido cambios en la Ley General de Subvenciones, como la prohibición de obtener subvenciones para las empresas que no cumplan los plazos de pago y la modificación de la definición de gastos subvencionables para que sólo sean elegibles si se han pagado en plazo.

Estas nuevas regulaciones tienen un impacto directo en los solicitantes de subvenciones y sus gastos. Es importante entender quiénes están obligados a cumplir con estas nuevas regulaciones, cómo las empresas deben demostrar que cumplen con los plazos de pago, y desde cuándo se aplican estas nuevas regulaciones.

Las novedades más relevantes introducidas en la modificación de la Ley General de Subvenciones son las siguientes:

  • Las empresas que no cumplan los plazos de pago previstos en la Ley de Morosidad, no podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora para subvenciones de importe superior a 30.000 euros.
  • La definición de gastos subvencionables se ha modificado para incluir sólo aquellos en los que una empresa beneficiaria haya incurrido en sus operaciones comerciales y que hayan sido abonados en un plazo máximo de 60 días desde la fecha de la factura. En caso contrario, estos gastos no serán considerados subvencionables.

En cuanto a los sujetos obligados a cumplir con estas regulaciones, todas las empresas, incluyendo las sociedades, deben cumplir con estas obligaciones, excepto las administraciones públicas que no formen parte del sector público empresarial.

Se verificará de manera individual el cumplimiento de las obligaciones para determinar la elegibilidad de los gastos, y se aplicará el criterio del momento en que se efectúa el pago.

Para demostrar el cumplimiento de estas obligaciones, las empresas pueden presentar una declaración responsable y las cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas, o una certificación emitida por un auditor registrado en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

Desde addwill, os aconsejamos que reviséis los plazos de pago de las facturas aplicadas a subvenciones otorgadas a fin de garantizar que se cumple el plazo máximo de pago de 60 días.

Estaremos encantados de ayudaros para cualquier duda o cuestión que os surja al respecto, o si deseáis ampliar la información o requerís asesoramiento sobre este tema por parte de nuestros expertos profesionales.

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